“COURT CONFIRMS THE ILLEGALITY RESORT VALDECAÑAS ISLAND”

Por José Ignacio Monedero Montero de Espinosa,
Abogado de DLA PIPER. 

Hace unos días que el Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad del complejo turístico Marina de Valdecañas, después de un proceso judicial de 8 años promovido por asociaciones ecologistas y declara la incompatibilidad de los aprovechamientos urbanísticos con la Red Natura 2000 y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Llama la atención que los medios de comunicación, en general, han abordado el pronunciamiento judicial poniendo el énfasis en la exclusividad de la urbanización, destacando el lugar como un paraíso de ricos y de golf o, incluso, apelando al conflicto de clases sociales donde ahora a los pudientes – ¡ya era hora! – les toca sufrir la ley al ordenar el Tribunal Supremo la demolición de lo construido y la restauración del medio ambiente para goce y disfrute de las aves.

Como a Miguel de Unamuno a mi “me duele España” pues la noticia hurga en la herida que supura la mala percepción que tienen los mercados acerca del nivel de seguridad jurídica que ofrecemos a la inversión extranjera: “Court confirms the illegality resort Valdecañas island”.  Desde hace 15 años hemos sido sede de grandes inversiones, entre otros, en el sector de las energías renovables, en la financiación de infraestructuras y en inmuebles residenciales en zonas costeras. Aquellos inversores que llegaron ilusionados hoy se hallan embarcados en innumerables disputas arbitrales por los cambios regulatorios en las energías renovables contra España, las garantías que sirvieron de base para la financiación de las infraestructuras públicas han sido mermadas por el mismo Estado que antes las había reconocido y, por último, los ciudadanos que adquirieron en zonas costeras viven con la amenaza sobre la legalidad de sus construcciones por la indefinición de la zona marítimo-terrestre. No hay riqueza y creación de empleo sin inversión, y el motor de la inversión es la seguridad jurídica, cuya falta nos hace pobres a todos.

Pero volviendo a Valdecañas, ¿alguien puede pensar que estamos ante un problema de ricos o de lucha de clases? Repasemos los antecedentes: el complejo se construyó a la vista de las Administraciones Públicas, que concedieron licencias y permisos para la construcción bajo la presunción legal de validez de sus actos; los propietarios adquirieron sus viviendas por medio de escrituras públicas autorizadas por notarios y se inscribieron en el registro de la propiedad, con la confianza que otorga nuestro sistema notarial y registral; en la misma creencia, los bancos concedieron hipotecas sobre los inmuebles y los compradores tuvieron que pagar IVA, transmisiones patrimoniales o el IBI, entre otros impuestos, nutriendo las insaciables arcas públicas. ¿Acaso no es éste el mismo sistema de acceso a la propiedad inmobiliaria de cualquier ciudadano en España? La respuesta es sí y, por ello, la noticia nos debería de alertar pues frente a un aparente éxito de la legalidad medioambiental tutelada por los tribunales e impulsada por los ecologistas, lo que subyace es un estrepitoso fracaso de nuestro sistema de seguridad jurídica que permite que se construya una promoción, se comercialice su venta, se adquiera su propiedad, para, posteriormente, fulminar el derecho de dominio de aquellos que con buena fe han seguido todos los ritos administrativos, notariales, registrales y fiscales que exige la normativa para formalizar su adquisición.

Podrá argumentarse desde la tecnocracia jurídica que nuestro sistema no desampara a los propietarios y que siempre podrán reclamar a las Administraciones que concedieron las autorizaciones y licencias para construir la urbanización – la razón les ampara ¡cómo no!- pero un sistema donde se empuje a los ciudadanos que confiaron en él al abismo de recuperar sus inversiones a través de largos procesos administrativos y judiciales no puede ser un paradigma de justicia.

Por ello, en mi opinión – y desde aquí ruego a nuestros gobernantes que busquen una solución integral a este fenómeno atrófico de nuestro sistema jurídico -, al menos, en los casos parecidos al complejo turístico de Marina de Valdecañas, como mínimo, deberían de modificarse las normas para que ningún adquirente de buena fe sea privado de su propiedad de culminarse la ejecución de sentencias de este tipo, mientras que no se le fijen y abonen por adelantado las indemnizaciones que pudieran corresponderle, a semejanza de los procedimientos de expropiación forzosa.

En fin, confiemos que se encuentren mecanismos jurídicos para no ejecutar esta sentencia, apelando al aforismo latino “suma justicia, injusticia suma” por el bien de la ciudadanía.

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