La catarsis del Registro Civil

No hay en este momento ninguna Institución del Estado Central que se pueda encontrar en una situación tan inestable como el Registro Civil, que se ha convertido -gracias al “buen hacer del ejecutivo”- en un foco de gravísimos conflictos.

Con la nueva ley del Registro Civil de 21 de Julio de 2011, que no solo no ha entrado todavía en vigor como estaba previsto durante este año, sino que el Gobierno, haciendo uso de su “facultad legislativa” por la vía del tan democrático Real Decreto-Ley,  ha demorado su entrada en vigor hasta el día 15 de julio  de 2015, la competencia para su organización y llevanza se impone “por el artículo 33”, a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Es siempre de agradecer en cualquier Colectivo cualificado por su formación y por la utilidad social de la actividad que realiza, que en estos terribles tiempos de brutal liberalización y absoluto liberalismo, (todo el mundo puede hacer todo) se le amplíen sus funciones, dándole con ello un reconocimiento oficial al significado jurídico y utilidad social de la labor que realizan.

Pero evidentemente, y en los tiempos que vivimos, es inaceptable que este tipo de decisiones, se hagan completamente al margen de la opinión de los colectivos interesados, es decir tanto de quienes hasta la fecha siguen ostentando al respecto la competencia, y que serán –salvo que los recursos democráticos lo eviten- borrados de un simple firmazo, como de quienes por el capricho e ingenio de nuestros responsables políticos,  se encuentren de repente al frente de la materia, y aquí está el meollo de la cuestión, sin que el servicio que presta el Registro, deje de ser gratuito.

Es decir, con arreglo a la pretendida legalidad, el importante coste material y laboral que soporta el Registro Civil para estar al servicio de los ciudadanos,  y que hasta el momento presente, lo es con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en un inminente futuro, y bajo el pretexto, de reducir aún más si cabe, los costes de la Justicia, será de los Registradores, quienes se tendrán que hacer, con cargo a sus bolsillos particulares, de la organización y funcionamiento de tan importante Institución.

No pongo en absoluto en tela de juicio, la indudable conveniencia de que el Registro Civil siga siendo gratuito para todos lo ciudadanos. Pero lo que me resulta inconcebible, es que nuestro Ministro de Justicia, pretenda quitarse el muerto presupuestario, “cediéndoselo” al Cuerpo de Registradores “gratis et amore”.  Es en mi opinión una auténtica vergüenza, que el propio Ministro haya decidido aprovechar -muchísimo más allá de lo razonable-, la honrosa y laudable actitud del Colectivo Registral cuando con su desinteresada colaboración contribuyó junto con los Notarios a la instrucción y resolución de los expedientes de nacionalidad, dando solución al gravísimo problema creado por el total colapso del Servicio que se encontraba en una situación de incapacidad absoluta de resolverlos.

Semejante decisión, insisto, constituye una falta absoluta de respeto democrático y de consideración al imponer a un Colectivo unas funciones que en principio le son extravagantes,- y al tiempo privando  a otro, -el de los Jueces encargados del Registro Civil, de sus propias competencias en la materia.

Con las medidas propuestas entiendo que la situación se agravará, pues por mucha “vacatio legis” que se de el propio gobierno, el tiempo pasará y nos encontraremos con una multitud de recursos y de justas descalificaciones de quienes sin su opinión, se verán directamente afectados, los Registradores por hacerse cargo del “muerto” sin compensación alguna, y quienes incomprensiblemente se ven despojados de sus competencias en la materia.

Septiembre 2014

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